Aunque en un artículo anterior ya me he extendido sobre este tema, parece obligado volver sobre él dado que se ha convertido, lamentablemente, en el tema de moda en el campo del consumo financiero. Hoy mismo El País dedica un artículo al problema creado de manera tan irresponsable por las entidades financieras (para cuya redacción, por cierto, la autora me ha consultado y me cita un par de veces, lo que le agradezco).

Hace un par de semanas asistí invitado a unas Jornadas de Actualización Normativa en materia de Consumo que organizó la Agencia Regional de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado de Asturias a la que asistió un Letrado del Banco de España a hablar en general sobre el funcionamiento del Servicio de Reclamaciones. Aproveché para preguntarle por este tema, entre otras cosas por la razón de que hubiera resoluciones contradictorias. Explicó que dicho Servicio (departamento en el que no trabaja, como aclaró repetidamente) no puede entrar a analizar las explicaciones contradictorias entre las partes (el cliente dice que no se le explicó correctamente en qué consiste el contrato; el banco o caja dice que sí lo explicó satisfactoriamente) por lo que se limitan a emitir su informe a tenor de la documentación presentada y de la petición efectuada. Le planteé que la simple lectura de los contratos demuestra que no se ha cumplido con las obligaciones y garantías de la normativa MiFID; y que en cualquier caso es al banco o caja a quien corresponde probar que sí las cumplieron, sin que baste una afirmación sin ninguna prueba, ya que son unos pasos que deben estar documentados. Se limitó a insistir en que resolverán conforme a las pruebas presentadas y las peticiones que se les hagan, y que la práctica de pruebas más detalladas para llegar a decisiones de fondo corresponde a los tribunales; dando a entender, me parece, que para entrar en lo que yo le planteaba se tenía que plantear esa cuestión en la queja. Sí añadió que la mayoría de los informes emitidos hasta ahora favorecen a las entidades financieras. Y que en la actualidad están demorando unos seis o siete meses en resolver debido a la acumulación de quejas recibidas.   Leer más