La Defensora del Pueblo acaba de publicar un informe denominado “Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas del Defensor del Pueblo”, de una calidad, agudeza y claridad excepcionales. Es un documento que explica el funcionamiento del sistema bancario e hipotecario con sus disfunciones, señalando el origen de éstas y las consecuencias que ocasionan. Mucho me temo que un ejercicio de seriedad, compromiso y sentido común como el que muestra este informe se vea recompensado con el cese y el nombramiento de un nuevo Defensor del Pueblo más dócil. Ojalá me equivoque.
Dado el interés de este informe y su gran extensión, a continuación, presento un resumen.

Ya la presentación del informe (págs. 3-4) son una muestra de su sensibilidad, buen criterio y sentido de responsabilidad: su posición institucional le permite observar la realidad social, el grave efecto de la crisis sobre las economías familiares y ello le mueve a proponer soluciones, sin limitarse a ser mero testigo de lo que sucede. ¡Qué diferencia con la Procuradoría General que padecemos en Asturias, resultado de una componenda entre los dos grandes partidos!   Leer más

Sobre el Proyecto de Orden ministerial de transparencia y protección del cliente de servicios financieros

Hace ya algunas semanas se ha producido cierto revuelo, y mucha preocupación, entre los afectados por los swaps o permutas financieras de tipos de interés (o de inflación o del precio del combustible) por la revelación de que el Gobierno ha elaborado un Proyecto de Orden ministerial de transparencia y protección del cliente de servicios financieros que podría afectar a las acciones tendentes a lograr la nulidad de esas permutas. Quiero ahora aclarar el alcance legal que podría tener esa Orden, de llegar a aprobarse, y denunciar la torpe intención del Gobierno en el aspecto indicado y también en algún otro.

En primer lugar, hay que tener presente la jerarquía normativa: cuál es el rango de las diversas normas. La jerarquía entre los diferentes tipos de norma quiere decir que las normas de rango inferior no pueden contravenir las de rango superior; y si lo hicieran, puede impugnarse su validez directamente (recurso contencioso administrativo contra el R. Decreto u Orden ministerial, recurso de inconstitucionalidad contra leyes) o indirectamente (se recurre contra algún acto de aplicación de la norma que contraviene la de rango superior, amparándose en esta última, de forma que el juzgador declare la ilegalidad de aquella y rechace su aplicación).   Leer más