Destrucción a toda costa

Greenpeace España acaba de publicar su informe anual Destrucción a toda costa, relativa a la pérdida del paisaje del litoral español por la edificación masiva en el mismo de urbanizaciones y grandes complejos hoteleros, así como de campos de golf. Ha contabilizado proyectos que supondrían la construcción de 3.000.000 de nuevas viviendas, 200.000 nuevas plazas hoteleras, más de 300 campos de golf y más de 100 nuevos puertos deportivos, en números redondos. Y dice que se han conocido 90 casos de corrupción urbanística con más de 350 implicados. Y creo que algunas de esas cifras todavía se quedan cortas, porque en Asturias (que es lo que conozco directamente) computa menos de 34.000 viviendas y plazas hoteleras, cuando la suma de los proyectos en curso hace unos meses llegaban, sólo en cuanto a las viviendas, a 90.000 (60.000 si excluyen las de Gijón y Avilés). Es de suponer que si se han quedado tan a la baja en Asturias, haya ocurrido lo mismo en otras comunidades.

Este fenómeno denota que hay cosas van mal en muchos aspectos, y tendrá resultados negativos también en variados sentidos. En primer lugar, es una muestra de que España sigue un modelo económico basado fundamentalmente en la construcción, sector que constituye un porcentaje elevado del PIB nacional ¿un 18%?; es un actividad que exige ocupar mucho suelo (que se va comiendo a la naturaleza, al paisaje, a las actividades agrarias...) con el coste de oportunidad que eso tiene (ese suelo no se puede dedicar a otros usos más productivos ni preservar por su riqueza natural); conlleva también un gran consumo de cemento, ladrillo, cerámica, etc. (canteras que se comen los montes); mucha agua (que restamos de su ciclo natural) y energía (más cambio climático); y muy poca tecnología, muy poco I+D+i, muy poco desarrollo real. Así nos encontramos con las quejas de economistas (creo que en este artículo hay un error de redacción cuando señala entra los puntos fuertes de la economía española que mantenga el mismo modelo económico de los últimos treinta años; y, por mi parte, discuto que la renuncia a la energía nuclear sea un error, sobre eso escribiré seguramente más adelante) y organismos internacionales sobre la baja productividad española y con el peligro de que, con la saturación del mercado y el fin de la burbuja inmobiliaria, la economía deje de crecer ¿riesgo de recesión? Es un modelo económico tercermundista, porque se basa en el agotamiento del suelo y el consumo masivo de agua y energía, que emplea mucha mano de obra sin cualificar y hace poco uso de las nuevas tecnologías. Podría decirse que España es el país con una economía tercermundista más rica. También se ha dicho con cierta ironía que este modelo denota que el modelo familiar que más crece en España es el del piso vacío.

Esta construcción masificada, no sólo en la costa, también en muchos lugares del interior, conlleva una pérdida de valores culturales. La cultura de los pueblos está imbricada en su medio, su entorno, su paisaje. Amamos la tierra en que nacimos, jugamos y crecimos; el paisaje es un elemento fundamental en la configuración del carácter de las gentes del lugar. Siempre queremos volver a ese lugar en que nos fuimos haciendo hombres y mujeres. Pero si lo mercantilizamos, si donde antes teníamos el huerto, el patio de juegos, el bosque en que pasear, el río en que nos bañábamos, pasamos a tener una finca parcelable y edificable, y después una urbanización para veraneantes foráneos (o una barriada-dormitorio) y el río es sólo un canal de suministro de agua, hemos perdido una parte esencial de nuestra memoria, de nuestro ser. Hemos perdido nuestra raíz. Ya no tenemos un sitio del que digamos: ésta es mi tierra. Ya no tenemos paisanos con los que compartir unas tradiciones y cultura, sino vecinos molestos y ruidosos. Ya no somos de ningún sitio. Ya sólo tenemos.


Supone también una perversión de la vida política, de la democracia. Y no me refiero sólo, ni siquiera principalmente, a la corrupción, que es el aspecto más evidente. Un alcalde corrupto no actúa movido por el bien común, sino por el dinero que le han metido en el bolsillo, y no le importa por encima de qué intereses públicos o privados tenga que pasar para lograr su lucro espurio. Con el agravante de que la corrupción se ha banalizado; determinados programas de prensa y televisión presentan los casos de corrupción como unas extravagancias más de esos personajillos pseudopopulares que no tuvieran ninguna relevancia para la convivencia ni la vida pública; sin más transcendencia que la que pudieran tener sus supuestos amoríos o enfrentamientos. Así ocurre que esos alcaldes corruptos incluso se hagan más populares y puedan volver a presentarse a las elecciones y ser reelegidos.


Pero, decía, la corrupción no es el lado más dañino para la vida política de esta edificación masiva. Lo peor es que los regidores municipales ya no diseñan las actuaciones en función de los intereses ciudadanos. El urbanismo, las infraestructuras, el gasto público, etc. va a estar determinado no por las iniciativas responsables y planificadas de unos gestores públicos democráticamente elegidos precisamente para cumplir esas funciones, sino por promotores inmobiliarios que sólo buscan su mayor provecho, su mayor y más rápido enriquecimiento. Las ciudades, grandes y pequeñas, deberían ser el resultado de una política que ordene el crecimiento en función de las necesidades de vivienda y dotaciones; que reserve el suelo previsto para las nuevas edificaciones que demande el crecimiento de la población y la actividad económica, para las dotaciones públicas (centros sanitarios, escuelas, guarderías, instalaciones deportivas, centros sociales, residencias de ancianos, parques...) y los viales y servicios precisos; que permita y fomente la actividad económica; y todo ello mediante un diseño que favorezca la movilidad con el mínimo consumo de energía y la mínima contaminación atmosférica y acústica; y todo ello preservando los espacios naturales, el paisaje, la actividad agraria. En cambio, la construcción masificada actual pervierte todo ese sistema porque ya no es el Plan General de Ordenación Urbana lo que define la política territorial, sino los convenios urbanísticos que proponen los promotores. Ya no se construye donde existen dotaciones, las comunicaciones sean más fluidas y se produzca menor impacto al medio natural, sino donde el promotor vaya a obtener un lucro mayor: donde pueda comprar más barato y vender más caro. ¿Y dónde se dan estas circunstancias? En los parajes naturales mejor conservados; en ellos pueden comprar el suelo más barato, ya que no existen otros usos urbanos o industriales que les den valor económico material; y pueden vender más caro porque adornan su oferta justamente con lo mismo que destruyen: el paisaje, el entorno. Requieren además la apertura de nuevas carreteras, porque las antiguas quedan colapsadas; nuevas conducciones de agua, luz, gas, nuevo saneamiento..., con lo que hay que atravesar las fincas colindantes, proceder a expropiaciones, cerrar explotaciones agrarias. Y esas nuevas urbanizaciones costeras, o esas nuevas ciudades dormitorio, se construyen sin ninguna dotación de uso público; aunque el promotor tenga la obligación de ceder un porcentaje de suelo al Ayuntamiento y una serie de cargas, siempre es posible eludirlas de una u otra manera. Sólo después de que los nuevos vecinos lleven cierto tiempo allí instalados se darán cuenta de que les faltan una serie de servicios propios de toda población, y comenzarán a demandarlos al Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma. Y estas administraciones tendrán que sufragarlos con los impuestos de todos, porque no se lo exigieron antes al promotor.

Y ¿por qué aceptan los Ayuntamientos esos convenios, pudiendo rechazarlos? Pues porque no hay visión de largo plazo, ya no hay estadistas con visión de futuro, sino políticos del corto plazo, que quieren presentar resultados tangibles en el término de cuatro años en que se convocan las siguientes elecciones. Esta política crea mucha actividad económica, mucho negocio y mucho empleo -aunque sea a corto plazo y sin cualificar-. Durante los cuatro o cinco años que dura la promoción se puede presentar la gran creación de empleo que originó la política municipal, ya no hay paro en la comarca. Pasan las elecciones, termina la obra de la urbanización y hay que promover otra para que no baje el empleo y puedan volver a presentar los buenos resultados de empleo y crecimiento para las siguientes elecciones.


Por otro lado, con esta política se incrementan los presupuestos municipales: licencias, impuesto de bienes urbanos, tasas de alcantarillado o recogida de basuras. Los ayuntamientos están mal financiados, sigue sin resolverse esa cuestión a nivel nacional, por lo que tienen que buscarse recursos por su cuenta, y ésta es la vía más sencilla. Lo malo es que la obsesión por la financiación olvida el resto de criterios a tener en cuenta; y también que detrás de las nuevas urbanizaciones vendrán las exigencias de los vecinos de mejorar los accesos porque los originales se saturaron; de poner servicios e instalaciones, de hacer una ciudad de lo que se diseñó como barrio-dormitorio. Con lo que nuevamente nos encontramos con más necesidad de financiación.

La solución no va a venir por la Ley del Suelo recién aprobada, por mucho que manifieste que va a acabar con la especulación y garantizar el cumplimiento del fin social de la propiedad inmobiliaria (ver, respectivamente, el final del apartado I y el VII de la Exposición de Motivos). Mientras no se afronte con todas sus consecuencias la financiación municipal, se recorte la capacidad urbanística de los Ayuntamientos -al menos de los pequeños-, se prohíban los convenios urbanísticos y se haga efectivo el derecho de los vecinos a participar en las políticas que afecten al Medio Ambiente, los promotores seguirán tabicando la costa.

Tampoco la liberalización absoluta del suelo que reclaman algunos y propone, entre otros Fernan2 -con quien, por lo demás, estoy muy de acuerdo, es la solución; la "mano invisible" de que hablaba Adam Smith ya se demostró en muchas ocasiones que no existe o, en todo caso, funciona sólo a favor de los especuladores, no del bien común. Pero es que, además, esa liberalización es lo que hizo el PP con su Ley del Suelo: antes sólo se podía construir donde lo establecía expresamente el PGOU; con la reforma del PP, todo el suelo sería edificable, salvo los terrenos especialmente protegidos, si bien con el matiz de que fuera de las zonas urbanas se exige una determinada extensión de terreno para poder hacerse la vivienda; y esto a su vez con el matiz de que cualquier promotor puede proponer un convenio urbanístico para desarrollar un plan parcial en cualquier zona del municipio, incluso las zonas protegidas por la norma urbanística. Este modelo ya se ha demostrado que no funciona: el PP lo defendió diciendo que la liberalización del suelo abarataría la construcción y la vivienda, y en cambio lo que ha hecho es incrementar los ingresos de los promotores y destruir numerosos parajes naturales, entre ellos casi toda la costa mediterránea y los archipiélagos, y en el Cantábrico vamos por el mismo camino. Y, desde luego, los precios de las viviendas no han bajado, sino todo lo contrario.

Subidas de tipos, sobreendeudamiento, ejecuciones hipotecarias

La constante subida de los tipos de interés desde hace ya más de un año está llevando a muchas familias españolas al borde del colapso económico. No es algo que digamos unos cuantos agoreros, es una cuestión sobre la que se acaba de pronunciar la Asociación Hipotecaria Española e incluso el Relator especial de la ONU para la vivienda. Y el caso es que la subida no ha sido muy fuerte ni brusca; de hecho, los tipos todavía se encuentran muy por debajo de los que rigieron en las décadas de 1980 y 1990: ¿Quién habría soñado con pagar unos intereses por el préstamo hipotecario inferiores al 5% en 1990? ¿Cómo es posible, entonces, que hayamos llegado a esta situación?

Creo que hay varias causas, con más relevancia unas u otras según el caso de cada familia. Una de ellas es el cambio radical de mentalidad que ha experimentado el conjunto de la sociedad española en los últimos cincuenta años. Se ha pasado de considerar un deshonor pedir un préstamo o no poder comprar algo al contado, al extremo opuesto de financiar hasta las vacaciones. De los presupuestos familiares calculados estrictamente, en que cada peseta que entraba en casa debía tener su destino fijo y justificado, hasta el despilfarro sin medida. De la austeridad máxima, obligada por las circunstancias económicas del país; al consumismo más exacerbado. Consumismo además a lo grande: hay que aparentar; así, se ven más BMW, Audi o Mercedes en España que en Francia o Canadá, doy fe. Es decir, nos hemos convertido en unos consumistas despilfarradores.

Otra, obviamente, es la subida del precio de la vivienda. No me voy a extender sobre ello, ya es de todos sabido.

Una tercera causa es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Esto tiene su parte objetiva, pero también su elemento relativo: ha habido congelaciones salariales de los funcionarios durante varios años; los salarios y pensiones que se revisan según el IPC no permiten mantener la misma capacidad económica, porque nadie se cree que los precios suban sólo lo que indica ese IPC; cada vez son más los empleos mal pagados, los contratos basura... Pero también tiene su elemento relativo: estamos en una cultura en que el DVD, el móvil de última generación o el ordenador portátil son productos de primera necesidad, no digamos el microondas, la secadora o el aire acondicionado (bueno, el aire acondicionado aquí en el Norte no, ventaja que tenemos).

Y siempre están las desgracias familiares y personales: un negocio rentable que se viene abajo; un socio que te estafa; la empresa en que trabajas desde hace veinte años cierra para trasladar la producción a China, una enfermedad, un accidente...

Sea por la causa que sea, el caso es que muchas familias ya están teniendo dificultades para pagar las mensualidades de sus hipotecas. Y muchísimas más dejarán de pagarlas si continúan subiendo los tipos de interés, como parece que va a ocurrir. Ya se nota en los Juzgados que empieza a subir el número de demandas ejecutivas que se presentan, en lo que puede llegar a superar la acumulación que hubo en los años ochenta y principios de los noventa. En quince años hemos pasado de unos índices de morosidad bancaria muy elevados a unos mínimos históricos para volver a subir la cuesta hacia una cifra que podrá ser también histórica pero por lo elevada.

Ante esta coyuntura, voy a hacer algunas recomendaciones:

-En primer lugar, mucha prudencia al asumir nuevas obligaciones o suscribir préstamos. Hay que hacerse un buen presupuesto a partir de los ingresos existentes y de los gastos presentes y los que se van a asumir; de ninguna manera podemos hacernos esta composición incluyendo expectativas de aumentos de sueldo, ingresos extraordinarios, buenos negocios, etc., porque los castillos en el aire suele tumbarlos el viento. Tampoco hay que contar con que vamos a ser capaces de ahorrar y recortar los gastos; hace falta fuerza de voluntad para renunciar a comodidades y pequeños lujos a los que nos hemos acostumbrado, y en esta sociedad hedonista esa fuerza es un bien muy escaso. Por el contrario, hay que asumir que el préstamo va a entrañar un incremento de los gastos que pueden aumentar y aumentar en función de la evolución de los tipos de interés. Y que en una casa siempre hay gastos imprevistos, además de los contratiempos que puede traer la vida. En resumen, que para que no te pille el toro, hay que ponerse en plan pesimista para hacerse el presupuesto.

-Una vez realizado el presupuesto, nunca llevar el nivel de endeudamiento hasta el máximo que se pueda soportar: insisto en la posibilidad de desgracias familiares, imprevistos de todo tipo, subidas de tipos de interés... Si ya estamos al límite, no podremos resistir.

-Si el peligro de no poder pagar los recibos se acerca, es el momento de apretar el cinturón en serio. De sacarle músculo a esa fuerza de voluntad desentrenada y prescindir de muchos gastos que, en realidad, no son tan indispensables. La verdad es que se puede vivir con mucho menos de lo que piensa la mayoría y, desde luego, la felicidad no proviene de lo que tenemos, sino de cómo nos planteamos la vida.

-Si ya estamos sobrepasados y no podemos pagar los plazos de la hipoteca, lo último que hay que hacer es esconder la cabeza debajo del ala y esperar que los misiles nos pasen por encima sin tocarnos. Tampoco intentar solucionarlo a base de esos préstamos rápidos que tanto se anuncian en la televisión por las mañanas, para ir pagando el recibo de este mes y el que viene, y luego a ver si se arregla la situación: no se arregla sola, al contrario, crece porque nos metemos en la bola de nieve que rueda y rueda aumentando sin cesar. Hay que hacer frente a la situación, poniendo sobre la mesa la entidad de la deuda frente a los ingresos de que disponemos y el patrimonio familiar. Si se puede solventar con ayuda familiar, bien; en otro caso, habrá que pensar en empezar a liquidar bienes. Mejor vender por propia iniciativa a que te embargue el banco.

-Hay que intentar solucionar el problema antes de que el banco te demande. En cualquier caso, antes de que el piso salga a subasta. Hay que tener en cuenta que la demanda va a suponer no sólo la reclamación de todo el dinero prestado, sino intereses de demora (habitualmente por encima del 20%, incluso cerca del 30%) y las costas. Como se cometen muchos abusos, es posible defenderse de la demanda para intentar reducir los intereses de demora y eliminar la condena en costas, así como para obtener algún aplazamiento, pero nos metemos en gastos de pagar a nuestro abogado y procurador -y hay que encontrar a un abogado que lleve estos casos, muchos te dirán que no hay nada que hacer.

Y una última cuestión: ¿qué es lo que hace el Gobierno ante esta situación? Mientras en casi todos los países de nuestro entorno existen leyes de insolvencia familiar que afrontan este problema de múltiples maneras, en España sigue sin existir una norma de ese tipo. Lo más parecido que hay es la Ley Concursal, prevista para la liquidación de empresas insolventes, que se puede aplicar también a las personas físicas, pero con un procedimiento muy lento, complejo y caro, inadecuado para éstas; además de que sólo es aplicable cuando se tienen deudas con dos o más entidades distintas. Es reseñable que el PSOE, en el año 2003, cuando estaba en la oposición, presentó una Proposición de Ley sobre esta materia, que el Congreso, con mayoría absoluta del PP, rechazó. Después, el PSOE incluyó la aprobación de la Ley en su programa electoral, y cuando queda menos de un año para que se cumpla la legislatura no se conoce ningún proyecto para presentar el proyecto al Congreso. Es más, con ocasión de la tramitación del Proyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores, preparé una serie de enmiendas que presentó Francisco Garrido Peña, diputado de Los Verdes adscrito al Grupo Socialista; y el Grupo Socialista las retiró inmediatamente, parece que no interesaba que esa Ley incluyese mejoras reales en materia de hipotecas y préstamos en general, seguros y protección de la economía familiar. Y eso a pesar de que en el Acuerdo Electoral PSOE-Verdes para las elecciones generales de 2004 (ver punto 24) estaba expresamente prevista “la promulgación de normas que protejan a los consumidores frente a los riesgos económicos imprevistos” -ya se sabe que los programas y pactos electorales se hacen para incumplirlos, pero de forma tan descarada me parece excesivo. Y debemos tener en cuenta que no estamos tratando de un problema menor: la bancarrota familiar constituye probablemente la mayor crisis que se puede encontrar ésta, fuera de los problemas de salud, constituye el fin de todo un modo de vida y de la seguridad para el futuro que, en una situación como la presente, sin regulación legal, puede prolongarse indefinidamente.

Saludo a la comunidad Rankia y amigos

Hoy inauguro este nuevo blog, con esta entrada de presentación y saludo.
Así que dirijo un saludo afectuoso a toda la comunidad de Rankia, a todos los que visitéis el blog, a los demás bloggers de Rankia, particularmente a Fernan2 y Echevarri, en cuyos sitios ya intervine alguna vez.
Debo agradecer a Rankia la invitación para llevar el blog; llevaba algún tiempo pensando en abrir uno, pero no acababa de decidirme, por la insuficiencia de mis conocimientos informáticos (materia sobre la que Fernan2 se ha ofrecido ha echarme una mano, gracias otra vez); y por la falta de tiempo para mantener una cierta continuidad (prometo hacer un esfuerzo para llevar al día el sitio y meter entradas con asiduidad). Tras la invitación de Rankia, decidí dar el paso, así que aquí estoy.

Este blog será un complemento a mi página estática abogadodelconsumidor.com, en la que tengo colgados los artículos especializados que he escrito y publicado en revistas de Derecho; otros de carácter más divulgativo -algunos escritos expresamente para el sitio, otros publicados anteriormente en revistas dirigidas a los consumidores-; y en otro apartado una serie de noticias, denuncias, reivindicaciones y breves referencias a casos interesantes relativos a la defensa de los consumidores frente a bancos, aseguradoras, promotoras inmobiliarias, compañías de telecomunicaciones o de viajes, talleres, etc., así como sobre casos de responsabilidad civil y algún caso medioambiental; existe también un formulario para plantear consultas y pedir presupuestos -previa valoración de su viabilidad- para la defensa jurídica de problemas de la materia a la que se refiere la página.
Aquí desarrollaré comentarios sobre esa misma temática y también sobre casos y cosas de sanidad pública y de ciudadanía -participación pública, calidad democrática, regeneración de la vida política, sostenibilidad... Aparte de cualquier otro asunto que surja o que me propongáis.
Soy licenciado en Derecho desde 1987, Doctor en Derecho desde 1996. Abogado en ejercicio desde 1988. He elegido el campo de la defensa de los consumidores, sobre el que elaboré mi tesis doctoral, como opción vital, ética, para hacer el ejercicio profesional compatible con la idea de defender causas justas frente a los abusos de los poderosos. También soy padre, lector voraz, deportista, viajero, montañero (ya adelanto que en agosto suspenderé la actividad del blog porque andaré con la familia pisando nieve por Nueva Zelanda) y ecologista militante.
Y en mis viajes saco fotos, alguna iré poniendo con las entradas.