"Me parece una opción razonable". Así respondió José Luis Olivas a la pregunta planteada por este semanario sobre la posibilidad de que el Estado pueda entrar en el accionariado de los bancos comprando acciones. La respuesta del presidente de Bancaja y del Banco de Valencia, precisamente durante la presentación de resultados de 2008 del banco de Pintor Sorolla, es un síntoma evidente de que la corriente nacionalizadora que atraviesan algunos países de nuestro entorno se aproxima a España.

La mayoría de los banqueros y bancarios no quieren oir hablar de nacionalización e incluso ni siquiera pensar en ella. Pero no todos. Un ejecutivo bancario valenciano lo reconocía a este semanario: "Si este año continúa agravándose la situación, no me cabe la menor duda de que alguna pequeña entidad bancaria deba ser socorrida. Bien con la intervención del Gobierno o con su absorción por otra más grande".

Y se explica: "Pongamos que un promotor inmobiliario ha recibido un crédito -por ejemplo de 500 millones de euros- de una pequeña entidad, y llega un momento en el que no puede afrontar sus pagos. El impacto sobre la cuenta de resultados del banco o caja que se lo ha prestado provocaría un auténtico agujero en su balance y la necesidad de ser socorrida".

El término nacionalización es un concepto que conocen bien (quién lo diría hace dos años) en EE UU, Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Reino Unido y Suiza, por citar sólo los principales. De hecho, un buen número de los bancos punteros de dichos países han recibido ´macroinyecciones´ de dinero por parte de sus respectivos gobiernos en los últimos meses. Bancos de primer orden mundial -y que para muchos eran colosos inquebrantables hasta hace bien poco- comparten un común denominador: balances muy contaminados de productos tóxicos derivados de las celebérrimas hipotecas basura estadounidenses.

Una circunstancia que los ha puesto contra las cuerdas y que ha obligado a las administraciones públicas de sus respectivos estados a intervenir de lleno para evitar bancarrotas y, de ese modo, hacer saltar por los aires sus sistemas financieros y provocar un auténtico colapso mundial.

Hablar de nacionalización en el sistema bancario español es poco menos que tabú, a decir de los expertos consultados por este semanario. Aunque la idisioncracia de las cajas de ahorros españolas -muy controladas por los gobiernos autonómicos-, daría mucho que hablar sobre la conveniencia o no de utilizar dicho vocablo a la hora de referirse a ellas (sólo hay que ver lo que está aconteciendo estos días en Caja Madrid).

Claves

Ayudas actuales
El incremento de las coberturas de los fondos de garantía de depósitos, compra de activos y avales públicos son las principales armas con las que cuenta el sector bancario para combatir la crisis actual

Puerta abierta
Además de esas ayudas, el Gobierno dejó la puerta abierta a posibles nacionalizaciones, pero con carácter excepcional, a través del Real Decreto-Ley 7/2008, de 13 de octubre, permitiendo la compra de acciones de bancos y cuotas participativas de cajas de ahorro

Total o parcial
Llegado el momento de que el Estado tuviera que intervenir en bancos y/o cajas, podría hacerlo de manera total –al uso de la banca inglesa e islandesa–, o parcial como es el caso del gigante bancario holandés ING

Carácter excepcional

Lo cierto es que el Gobierno dejó el pasado 14 de octubre la puerta abierta a posibles nacionalizaciones, pero eso sí, con carácter excepcional. Así reza el Real Decreto-Ley 7/2008, de 13 de octubre, de medidas urgentes en materia económico-financiera en relación con el plan de acción concertada de los países de la Eurozona: "Se autoriza con carácter excepcional la adquisición de títulos aptos para el reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito". O lo que es lo mismo: la compra de acciones y cuotas participativas de bancos y cajas de ahorros.

Pero aunque la puerta esté abierta, el sentir generalizado del sector es que es poco probable que el Gobierno se atreva a cruzarla para inyectar capital público en alguna entidad bancaria. "Con los últimos datos publicados, no hay ningún banco, ni caja de ahorros, ni siquiera cooperativa que haya manifestado un problema de solvencia". Así lo considera Joaquín Maudos, profesor titular de Análisis Económico en la Universidad de Valencia y profesor investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), reconocido experto en economía bancaria y economía regional.

La entrada en el capital de bancos y cajas es, sin duda, el recurso más rápido que tienen los gobiernos para salir en defensa de aquellas entidades que tengan dificultades. Sin embargo, el Gobierno español ha puesto a disposición de las entidades más recursos, al igual que sus homólogos de la Eurozona, un paquete de medidas que fueron aprobadas el pasado mes de octubre por los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin).

La primera fue el aumento de las coberturas de los fondos de garantía de depósitos de bancos, cajas e incluso cooperativas de crédito. Unos fondos que en España se remontan a 1977 y que tienen por objeto garantizar los depósitos en dinero, así como en valores constituidos en las entidades de crédito. Además de ofrecer estas dos garantías, los gobiernos también pueden, sólo en determinados casos, reforzar la solvencia y el funcionamiento de las entidades de crédito.

Aunque en un primer momento los ministros del Ecofin fijaron un importe de 50.000 euros por cliente y banco, muchos fueron los países que duplicaron tal cantidad (España entre ellos) e incluso otros como Alemania no dudaron en proteger la totalidad de los ahorros de sus ciudadanos.

¡Más madera!

Otra de las bazas con las que cuenta el Gobierno es la compra de activos para que bancos y cajas sigan prestando dinero a empresas y familias. El Ejecutivo español puso en marcha en otoño pasado el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF), administrado, gestionado y dirigido por el Ministerio de Economía y Hacienda y dotado con un máximo de 50.000 millones de euros. Este fondo está adquiriendo activos de máxima calidad de las entidades de crédito. De hecho, ya se han celebrado cuatro subastas de liquidez en las que ha distribuido un total de 20.000 millones de euros.

Asimismo, otra de las herramientas que se han puesto a disposición del sector bancario son los avales públicos para emitir deuda. Se trata de una especie de sello de calidad que permite salir al mercado mayorista a financiarse consiguiendo mejores precios y evitando así pagar diferenciales excesivos, como se están pagando aún en este momento.

La Caixa ha sido la primera entidad española en colocar una emisión con el aval del Estado. La caja presidida por Isidre Fainé lo hizo el pasado miércoles 28 de enero con una emisión de bonos, con un plazo de tres años, por un importe de 2.000 millones de euros y a un precio de 80 puntos básicos sobre la referencia para las emisiones a tipo fijo (midswap). El interés de los inversores se ha traducido en una demanda aproximada de 3.000 millones de euros, lo que representa un 50% por encima de la cantidad emitida.

De momento, el incremento de las coberturas de los fondos de garantía de depósitos, la compra de activos y los avales públicos están devolviendo cierta tranquilidad al sector bancario no sólo en España sino también en el resto de Europa, pero estos instrumentos legales podrían no ser suficientes para evitar que alguna entidad necesitara ser socorrida por la intervención de algún gobierno.

"El Estado ayuda a solucionar el desaguisado creado, pero ¿a cambio de qué?", se plantea Jordi Palafox, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universitat de València y durante ocho años consejero en Bancaja. A juicio de Palafox, "si el Estado compra activos, presta, pero no corrige la gestión, ni evita que el mercado castigue excesos y errores ¿qué incentivos hay para no cometerlos? Ninguno".

El profesor señala que actualmente hay dos alternativas en discusión: primera, crear un banco malo con todos los activos tóxicos e ir eliminándolos progresivamente, con ello se evita convertir al Estado en gestor con las presiones políticas que ello implica y su falta de experiencia; y la segunda, adquirir acciones y actuar como accionista en defensa, por partida doble, del interés general: primero por el dinero del contribuyente invertido, y segundo haciendo -o por lo menos intentado-, que una parte fundamental de la economía enderece su situación.

Llegado el momento de plantearse la opción de una nacionalización, el Gobierno español tendría dos opciones: de forma parcial o total. El primer caso sería el del gigante holandés ING, cuyo gobierno entró para reforzar el accionariado del banco como una especie de medida preventiva. Eso sí, el gobierno de Amsterdam ha colocado dos consejeros estatales en el órgano decisorio de la entidad, que en principio sólo tendrán capacidad de decisión en cuestiones estratégicas.

El segundo, es decir, el de la nacionalización pura y dura, sería el caso del banco inglés Northern Rock, donde el gobierno británico se vio obligado a entrar de lleno hace un año después de seis meses de crisis y con el fin de evitar su quiebra.

El Reino Unido ha sido uno de los países más afectados por la corriente nacionalizadora, llegando el Gobierno de Gordon Brown a forzar la absorción de bancos. Ahí está el ejemplo del Halifax Bank of Scotland (HBOS) por el Lloyds. Actualmente, el Estado británico está presente en el accionariado de tres de los cinco mayores bancos de las islas: controla un 70% del Royal Bank of Scotland (RBOS) y un 43% del Lloyds Banking Group, el grupo resultante de la fusión del Lloyds con el HBOS.

Los expertos consultados por EL BOLETÍN tienen claro que en España no conviene la nacionalización total. Así lo entiende el profesor Maudos, que va más allá al advertir que "no hay que volver al pasado porque ya se privatizó la banca pública. Prefiero hablar de ayudas puntuales en caso de necesidad, pero nunca lo haría de nacionalizar y menos distorsionando la gestión de la entidad, que debe ser privada". Coincide en esta opinión Francisco Álvarez, presidente de Ética Soluciones Financieras y ex director general de la Bolsa de Valencia, que incide en "tener mucho cuidado a la hora de utilizar el término nacionalización".

Un proceso reversible

A la hora de valorar las ventajas y los inconvenientes de un proceso de nacionalización bancaria, los expertos coinciden en afirmar que el objetivo primordial es asegurar la solvencia, dado que la imagen, la reputación y la capacidad de bancos y cajas de hacer frente a los problemas depende de la solvencia, más allá de las ventajas y desventajas que ello suponga.

"Claro que hay inconvenientes, porque el que más y el que menos sabe que se expone a un recorte de plantilla", advierten desde el interior de una caja local, pero "también es necesario correr con ese riesgo si hay que evitar males mayores. Es muy difícil calcular el coste que conllevaría una medida así, pero evitaría males mayores".

"A fin de cuentas se trata de un proceso reversible -apunta Maudos-, o por lo menos entiendo que debería serlo porque la entrada de dinero del Estado debe ser una ayuda transitoria. Una buena salida de la misma sería la emisión de participaciones preferentes, puesto que llegado el momento se pueden vender. Además, se trata de activos que computan como recursos propios y elevan la solvencia de la entidad".

Artículo publicado en El Boletín

PUBLICIDAD

Artículos relacionados

Dónde Invertir en tiempos de crisis
Nacionalizar un banco: cómo afectaría al consumidor
Las exigencias de un banco para prestar dinero
¿Es seguro tener el dinero en…?
¿Son seguros los bancos extranjeros que operan en España?