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Sin embargo, a la hora de determinar la prioridad entre las centrales de carbón o gas natural hay que tener en cuenta más aspectos:
- El carbón nacional se encuentra fuertemente subvencionado. La factura eléctrica soporta un impuesto del 4, 86%cuyos ingresos se destinan a dar subvenciones a las empresas mineras. En 2003 estimamos un coste de 746Mn e por este concepto, al que habría que añadir los CTCs al carbón que estimamos en 154Mn e El plan nacional de la minería del carbón debe ser aprobado por Bruselas, quien ha abierto un expediente al Gobierno español por este concepto, ya que no ha presentado el plan de la minería hasta el año 2010 incluyendo los cierres de minas contemplados. Sin estas ayudas el carbón nacional no es competitivo. El coste estimado para HUNOSA es de 320 e Tm frente a los 40-60 e Tm del carbón importado. Para 2004 se estima que HUNOSA reciba 544Mn e de subvenciones.
-La directiva GIC sobre grandes emisiones contempla que a menos que se hagan inversiones medioambientales, que en el caso de determinadas plantas de carbón no serían económicamente rentables, a partir del año 2008 y hasta el año 2016, en el que se deben cerrar, sólo podrán funcionar 20. 000 horas. Esto supone un tercio de las horas posibles y en definitiva pasarían a funcionar en horas de punta de demanda.
- La seguridad de abastecimiento. Teniendo en cuenta el peso creciente del gas natural en la matriz energética del país, y que éste procede en un 60%de Argelia, un problema de suministro en aquél país podría afectar gravemente la generación de electricidad en España. La electricidad es un bien básico y estratégico para cualquier país y una deficiente capacidad de generación de electricidad puede tener un impacto muy importante en el PIB. Países europeos como Reino Unido ó Noruega que cuentan con reservas de gas pueden establecer políticas energéticas diferentes. Un ejemplo de lo enunciado se puede comprobar estos días entre Argentina y Chile. Ante la falta de gas para suministro interno en Argentina el Gobierno ha decidido reducir las exportaciones de gas a Chile incumpliendo unilateralmente los acuerdos internacionales firmados por ambos países y dejando a Chile en una situación muy comprometida desde el punto de vista de la seguridad de abastecimiento eléctrico.
Nuestras previsiones apuntan a que para el periodo 2005-2007 las eléctricas españolas necesitarán 95, 5 Mn Tm CO2 . Endesa está pidiendo 96, 7 Mn Tm e Iberdrola está pidiendo 84, 7 Mn Tm, por lo que creemos que el Gobierno aprobará un plan de emisiones que entregue un poco menos de lo pedido por Endesa.
Nuestra opinión es que las tesis de Iberdrola buscan el interés particular de la propia empresa, pero que el criterio para asignar emisiones por parte del Gobierno debe tener en cuenta las necesidades de las empresas para producir la electricidad demandada por los consumidores españoles. Este es el criterio aplicado por el Gobierno portugués cuya situación como país es muy similar a la española. Independientemente de la ideología del Gobierno, el planteamiento respecto al plan nacional de emisiones debe ser el mismo. De hecho las emisiones que genere España en el periodo 2005-2007 es totalmente independiente de la asignación de derechos que haga el Gobierno y sin embargo el coste para las empresas españolas si dependerá de los derechos entregados. Por tanto, el Gobierno deberá entregar el mayor número de derechos de emisión posible para minimizar el coste para el país, sabedor que no puede influir en la cantidad de emisiones . La situación es siempre la misma frente a Bruselas independientemente del Gobierno de turno, sean subvenciones de la PAC, cuotas de pesca o de aceite de oliva o subvenciones a cualquier industria: exigir el máximo.
El que funcionen las plantas de carbón o de ciclo combinado dependerá del precio de los derechos de emisión en la UE, y éste dependerá del total número de permisos entregados por el resto de los países . Si el Gobierno español entrega pocos derechos pero a nivel general se entregan muchos, los derechos serán baratos y las centrales de carbón producirán y compraran los derechos a otros países deteriorando la balanza comercial española. Si por el contrario el Gobierno español entrega muchos derechos y el resto de países entregan pocos, el coste del derechos será caro y producirán los ciclos combinados y las centrales de carbón venderán sus derechos y mejorará la balanza comercial española.
Como se puede ver el Gobierno no puede afectar a las emisiones del país que dependerán del mecanismo de mercado. ¿Entonces, por qué el interés para que funcionen más horas las centrales? El origen del problema radica en la imperfección del mercado de electricidad español que retribuye la potencia por debajo de su coste y que cobra parte del coste de potencia a través del concepto de energía. Por tanto, no es indiferente para las empresas cobrar por potencia que por energía, aunque en un mercado perfecto debiera serlo. El ejemplo argentino es elocuente. A principios de la década de los 90 en Argentina las empresas cobraban por la energía un coste superior al coste marginal de los ciclos combinados, entre otras cosas porque había pocas unidades de estas plantas y el precio marginal era marcado por centrales térmicas convencionales. En la medida que se construyeron más ciclos combinados el precio de la energía cayó hasta el coste marginal del ciclo combinado. Al contrario, el coste de la potencia aumentó hasta retribuir los costes fijos del ciclo combinado. En definitiva, creemos que Iberdrola quiere poner de manifiesto la deficiente retribución de la potencia, aspecto que actualmente le perjudica.
En conclusión:
- El sistema eléctrico español tiene capacidad para reducir emisiones dejando el carbón nacional para dar puntas de demanda y siendo los ciclos combinados los que den la base, pero esa decisión dependerá del plan de la minería español y no de la asignación de derechos de CO2 . En todo caso, sería la directiva GIC la que desplazase a estas centrales a partir del año 2008, por lo que para el periodo 2005-2007 deberán recibir los derechos.
- Las plantas de carbón importado seguirán funcionando con precios de los derechos inferiores a 15-10 e Tm ya que tienen un coste de combustible inferior, a la vez que son importantes de cara a la seguridad de abastecimiento y a la diversificación. Por tanto, les deberán ser entregados los derechos necesarios.
- Dado que Endesa es la eléctrica española que mayores emisiones de CO2 realiza, sería la empresa más beneficiada por la aprobación del plan nacional de emisiones con las cantidades solicitadas por ésta, tal y como prevemos.
- No obstante, la diferencia entre las emisiones solicitadas por Endesa e Iberdrola es de 12 Mn Tm/ año, que a un precio de 10 e Tm supone un impacto de 120Mn e año para el sector en su conjunto. Dado que el criterio de reparto entre empresas es discrecional por parte del Gobierno, a priori no habría por qué pensar que unas se verían más beneficiadas que otras. Considerando que las eléctricas españolas que cotizan en Bolsa (Endesa, Iberdrola y U. Fenosa) producen el 75 % de la electricidad consumida en España, el impacto de la medida asciende al 1% del ebitda de dichas empresas para 2003. Impacto que es muy reducido.
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